| Fecha: | 30 de junio de 2026. |
|---|---|
| Asistentes: | Director General de RR.HH., viceconsejera de Educación, Jefes/as de Servicio. ANPE, CCOO, CSIF, STE y UGT |
| Temas tratados: | Canosos; Orden Instrucciones curso 2026/27; Protocolo ante agresiones a docentes. |
1. Borrador de la Resolución de la Dirección General de Recursos Humanos, por la que concreta la regulación de los días de libre disposición del personal funcionario docente no universitario, en virtud de las medidas complementarias al II Plan Concilia, establecidas para el sector educativo.
CONSEJERÍA: En cumplimiento del segundo bloque del Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE, UGT y CCOO (con el voto en contra de STE y CSIF), se aplicará desde el 1 de septiembre de 2026 a docentes con 18 años de servicio o 55 años de edad. Se hará efectivo a partir del día siguiente en el que se cumplen los requisitos, tras la petición de ANPE. Podrá disfrutarse en día lectivo o no lectivo.
También se contempla que los días de libre disposición retribuidos, antes regulados, podrán ser disfrutados en día lectivo o día no lectivo.
ANPE: celebramos la regulación de este día adicional de libre disposición retribuido, tal y como estaba comprometido en el Acuerdo firmado por ANPE, y que se hayan aceptado todas nuestras propuestas en la pasada Comisión Seguimiento de los firmantes. Pedimos que se elabore un texto que consolide toda la normativa al respecto.
2. Borrador de la Orden de Instrucciones sobre medidas educativas, organizativas y de gestión para el curso escolar 2026/2027 en Castilla-La Mancha.
CONSEJERÍA: presenta el borrador de Orden que introduce novedades organizativas, pedagógicas y de gestión para los centros públicos, aplicables al curso escolar 2026/2027 (se incorpora borrador a esta noticia). Añaden también que estas instrucciones incluyen medidas que contempla el Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE y UGT, al que posteriormente se sumó CCOO.
Destacan los siguientes aspectos, pues el resto de cuestiones prácticamente son las mismas que las del curso pasado:
Reducción a 18 horas lectivas: El profesorado de ESO, Bachillerato, FP, EPA y Enseñanzas de Régimen Especial contará con un máximo de 18 horas lectivas semanales. En caso de superar este límite por necesidades organizativas, se compensará al docente con 2 horas complementarias por cada hora adicional. Supone 600 cupos más (jornadas completas).
Reducción a 23 horas lectivas: El horario del profesorado que imparte docencia en Educación Infantil y en Educación Primaria se verá compensado con dos periodos lectivos semanales y un recreo semanal o por dos periodos lectivos semanales y dos complementarias al mes. Será el claustro del profesorado en el uso de su autonomía quien decida la compensación del horario para el curso 2025/2026.
Reuniones TELEMÁTICAS de Coordinación Docente: Se mantiene la posibilidad de realizar reuniones de coordinación docente de forma telemática o presencial, según acuerde el claustro y el órgano convocante. Se introduce la aclaración de que podrán realizarse FUERA DEL CENTRO.
Reducción de dos horas complementarias mayores 55 años: El personal docente mayor de 55 años dispondrá de una reducción de dos horas complementarias de permanencia semanal en el centro educativo. “El disfrute de esta reducción estará condicionado, con el fin de garantizar una cobertura organizativa suficiente en los centros, a la obligación de realizar un mínimo de dos horas complementarias semanales fuera del horario lectivo del alumnado.”
ANPE:
En primer lugar, celebramos el anuncio de la regulación de estas medidas pues se cumple con el contenido del Acuerdo de Mejoras firmado por ANPE, y nos reiteramos en nuestra intervención de la pasada Comisión de Seguimiento del pasado 25 de junio.
El Primer Bloque se ha cumplido, incluyendo la reducción del horario lectivo, la rebaja de ratios en Infantil, Primaria y Bachillerato, la no caducidad de la nota desde 2010, adjudicaciones “a la carta”, incremento y mejora de “moscosos”, reuniones telemáticas, amplias ofertas de empleo público o el reconocimiento del cobro del verano para docentes interinos, entre otras. El Segundo Bloque es la continuación de estos avances y una oportunidad para seguir dignificando la labor docente.
ANPE sigue trabajando para garantizar que estas medidas se cumplan. La enseñanza pública y su profesorado merecen el compromiso firme de la administración y la garantía de que cada avance se traduzca en una mejora real en las aulas:
Sobre la reducción a 23 y 18 horas lectivas queremos mostrar nuestra satisfacción, pues el próximo curso se consigue este objetivo que se fijó en el Acuerdo de Mejoras firmado en 2023. Son 600 cupos más (jornadas completas) para una mejor atención educativa.
En relación a la reducción de dos horas complementarias al mes por la reducción a 23 horas lectivas en CEIP, CRAs y CEE, pedimos que se dé instrucciones a las Delegaciones para que se pueda reducir media hora complementaria a la semana (provincias como Cuenca no lo ha permitido).
Respecto a la reducción de dos horas complementarias de permanencia en centros retribuidas para mayores de 55 años, celebramos que se dé autonomía a los centros como hemos solicitado desde ANPE para su aplicación en cualquier franja horaria.
Sobre las medidas del Plan de Reducción de la Burocracia, pedimos que se siga avanzando en cuanto a la automatización de distintos trámites como gestión de ausencia y permisos entre otros, y la inclusión de la IA en materia de organización, gestión y funcionamiento de los centros.
Sobre otras medidas del segundo bloque, desde ANPE pedimos:
Insistimos en la necesidad de acelerar la reducción de ratios en Primaria y temporalizar la reducción de ratios de la etapa de Secundaria.
Pedimos celeridad en la regularización y pago de trienios y sexenios derivadas de las vacaciones devengadas en sustituciones como tiempo de servicio. Recordamos que esta medida deriva de la reclamación colectiva realizada por ANPE:
Por último, desde ANPE instamos a la Consejería a respetar íntegramente el Acuerdo calendarizado, asegurando para ello la dotación presupuestaria suficiente para implementar todas las mejoras acordadas; y que, tal y como contempla el mismo, pedimos seguir trabajando para adelantar e incluso mejorar las medidas que contiene.
Sobre el resto del documento queremos, además realizar las siguientes aportaciones:
Consideramos que no debe fijarse la fecha de 31 de octubre para entrega de la PGA, sino como se ha venido haciendo estos cursos (hasta la primera sesión de evaluación).
La atribución horaria para los responsables de programa de refuerzo matemático no puede salir de la bolsa de horas de coordinación de formación y transformación digital. Tienen que tener una atribución directa.
Sobre la formación ante emergencias de protección civil, no estamos de acuerdo en el modo que se plantea. No puede recaer en el profesorado para después este impartirla al alumnado. En primer lugar, debe elaborarse un protocolo ante emergencias e inclemencias, y la formación especializada debe impartirse, al mismo tiempo, a profesorado y alumnado.
Sobre el cierre de actas, pedimos que pueda retrasarse un día en aquellas localidades en las que sea festivo el día fijado (24 de junio).
Respecto a las Escuelas Oficiales de Idiomas. Desde ANPE instamos a que se convoque una Mesa monográfica y que se abra un proceso de diálogo riguroso con los representantes del profesorado, con el fin de abordar el presente y garantizar el futuro para estas enseñanzas.
Por carga de trabajo deben incrementarse las horas de la tutoría de FP Dual.
Respecto a la Educación de Personas Adultas: Son enseñanzas a distancia, la asistencia no es obligatoria, no se entiende que se pida asistencia de 15 de forma continuada. No tiene sentido que, si la asistencia es menor que 15, se atenderá de forma individual.
Queremos denunciar la situación de varios CEPAs que han denunciado recortes o piden más profesorado tras la bajada de horas lectivas (Guadalajara, Azuqueca, Quintanar,…).
CONSEJERÍA: tienen el mismo cupo que el curso pasado. Respecto a las enseñanzas de idiomas consideran que deben estar en las EOIs. Aún así, revisarán estos casos.
Pedimos a la Consejería que incremente la dotación de los equipos directivosde los IES con mayor número de alumnado, para lo que hemos presentado un escrito formal, para adecuar sus recursos a la complejidad organizativa de estos centros.
CONSEJERÍA: lo están estudiando.
3. Protocolo de actuación ante agresiones producidas al personal de los centros educativos no universitarios de Castilla-La Mancha en el ejercicio de sus funciones.
CONSEJERÍA: presentan un borrador de Protocolo de actuación ante agresiones a docentes y que extienden al resto de personal de los centros educativos. Es un inicio de la negociación de este documento y nos piden que les enviemos todas nuestras propuestas.
ANPE:
ANPE valora positivamente que, por fin, la Administración haya dado un paso para reconocer de forma expresa la gravedad de las agresiones al personal de los centros educativos, una realidad que llevamos más de veinte años denunciando a través de nuestro servicio del Defensor del Profesor.
Durante todo este tiempo hemos atendido, acompañado y asesorado a más de 2.000 docentes que han sufrido situaciones de violencia, amenazas, coacciones o acoso en el ejercicio de su labor, reclamando de forma constante un protocolo específico de actuación.
Por ello, agradecemos el inicio de la negociación de la elaboración de un documento que recoja este protocolo. Reconocemos importantes avances en el documento presentado, como:
Ampliar el ámbito de protección, incluyendo no solo el centro educativo, sino también actividades complementarias, extraescolares, transporte y comedor escolar.
Reconocer las agresiones digitales, adaptando el protocolo a la realidad actual y a las nuevas formas de violencia contra el personal docente.
Definir con mayor claridad el papel de la Inspección Educativa, estableciendo funciones concretas de información, acompañamiento, supervisión y seguimiento.
Reforzar la cobertura jurídica, al reconocer expresamente las agresiones como posible accidente laboral, vinculándolas a la normativa de Seguridad Social y prevención de riesgos laborales.
Es un avance necesario, pero entendemos que debe reforzarse para convertirse en una herramienta verdaderamente eficaz, que garantice una protección real, ágil y efectiva del profesorado y del resto del personal de los centros educativos, más allá de una mera declaración de intenciones.
Por ello, hemos elaborado un informe jurídico que enviaremos a la Consejería, y del que destacamos las siguientes aportaciones:
Es fundamental fijar el marco normativo de cobertura (Decreto de convivencia, Decreto de autoridad, Orden 20/06/2013 UAP, RDL8/2015, Ley 31/1995 PRL).
El protocolo introduce una limitación que resulta difícilmente compatible con la Ley 3/2012 de autoridad, al supeditar la asistencia jurídica a una autorización previa de la Delegación Provincial, cuando la ley reconoce este derecho como una obligación de la Administración y no como una decisión discrecional. Desde ANPE reclamamos que el profesorado reciba atención y asesoramiento inmediato desde la comunicación de la agresión, y que la Delegación Provincial se limite a tramitar con carácter urgente la solicitud de defensa jurídica ante la Dirección de los Servicios Jurídicos, órgano competente para autorizarla, estableciendo plazos máximos de actuación que eviten situaciones de indefensión.
El protocolo establece un procedimiento excesivamente burocrático que traslada gran parte de la carga de actuación al profesional agredido y al equipo directivo, obligándoles a cumplimentar numerosos trámites y comunicaciones mientras intervienen distintos órganos administrativos. Este modelo retrasa la respuesta efectiva de la Administración, que carece de un mecanismo de atención inmediata a la víctima más allá de las situaciones de emergencia, e incluso supone un retroceso respecto a la regulación de 2013 al supeditar la intervención de la Unidad de Atención al Profesorado a una autorización previa de la Delegación Provincial.
El protocolo condiciona su activación a la existencia de una agresión dolosa, exigiendo acreditar un ánimo de dañar que ni el centro, ni la Inspección, ni el profesorado pueden valorar en el momento inicial. Desde una perspectiva preventiva, lo relevante debe ser la existencia objetiva de una agresión, amenaza, coacción, intimidación o cualquier daño físico, psíquico, moral o digital sufrido en el ejercicio de las funciones docentes, dejando la calificación jurídica para un momento posterior.
Reclamamos la fijación de plazos máximos vinculantes para cada actuación de la Administración, con consecuencias expresas en caso de incumplimiento.
El apartado 9 (Actuaciones del titular de la delegación) no expresa con claridad lo que pretende cuando habla que la delegación provincial comunicará el rechazo a la agresión. Amén de que es el apartado más breve y vacío de contenido de todo el documento.
El protocolo no traslada de forma efectiva la presunción de veracidad reconocida al profesorado por la Ley 3/2012, al supeditar la activación de las medidas de protección a una validación posterior de la Inspección.
Pedimos que el protocolo se integre en una norma de rango suficiente (Orden o Instrucción con carácter vinculante) que habilite el ejercicio de acciones de responsabilidad en caso de incumplimiento por parte de los órganos administrativos.
Exigimos que se contemplen actuaciones específicas ante agresiones cometidas por padres, madres, tutores o tutoras legales y otras personas ajenas al alumnado. A lo largo de su articulado, el documento construye un sistema de respuesta exclusivamente orientado al supuesto en que el agresor es un alumno o alumna del centro, ignorando de manera sistemática y sin justificación alguna el supuesto, estadísticamente muy relevante, de que la agresión sea perpetrada por un padre, madre o tutor o tutora legal del alumnado.
Debe contemplar también las agresiones sin dolo, especialmente las producidas por alumnado con discapacidad o las que se produzcan en centros/aulas TEA o de Educación Especial, garantizando en estos casos la misma protección y apoyo al personal afectado.
El protocolo no menciona en ningún momento el delito de atentado a la autoridad, ni tampoco habilita ni obliga a ningún órgano de la Administración a poner los hechos en conocimiento del Ministerio Fiscal cuando concurran los elementos del tipo.
El protocolo traslada al docente la decisión de denunciar, cuando muchas de las agresiones son delitos públicos cuya comunicación corresponde también a la Administración. Además, omite la condición del profesorado como autoridad pública y desincentiva la denuncia (el protocolo, al depositar la decisión de denunciar exclusivamente en el profesional con la expresión "si lo considera oportuno", institucionaliza esa presión para el silencio), debilitando la protección efectiva del personal agredido.
Por último, solicitamos atención psicológica especializada para el personal docente agredido, mediante profesionales de la Psicología Clínica, con intervención inmediata y seguimiento cuando sea necesario.
En definitiva, ANPE considera que este protocolo supone una oportunidad para reforzar la protección del profesorado. Valoramos la voluntad de la Administración de abordar un problema que llevamos décadas denunciando y confiamos en que el proceso de negociación permita incorporar las mejoras jurídicas y organizativas que hemos planteado. Nuestro objetivo es que Castilla-La Mancha cuente con un protocolo útil, garantista y verdaderamente eficaz, que ofrezca una respuesta inmediata a las víctimas, refuerce la autoridad del profesorado y contribuya a que los centros educativos sean espacios seguros, de convivencia y de respeto para toda la comunidad educativa.